El presidente Gustavo Petro lanzó una dura crítica contra las recientes decisiones del Banco de la República, calificando de «inconstitucional» el incremento en las tasas de interés al 11,25 %. Según el mandatario, esta medida técnica atenta directamente contra el bienestar social y el crecimiento productivo del país, sugiriendo que la junta directiva del emisor actúa con un sesgo que frena la economía nacional. Ante este panorama, el jefe de Estado anunció la puesta en marcha de un plan de choque inmediato para blindar al país frente a las fluctuaciones externas provocadas por el conflicto en el Medio Oriente, situación que presuntamente está presionando al alza los costos internacionales de fertilizantes, energía y combustibles.
Dentro de esta estrategia de contingencia, el Gobierno Nacional priorizará la defensa de la producción interna y la estabilidad del empleo frente a la volatilidad de los mercados. La hoja de ruta incluye el fortalecimiento de la soberanía alimentaria para contener la inflación de la canasta básica, así como un impulso a la vivienda popular mediante subsidios a las tasas de interés. El presidente advirtió que la dependencia de insumos importados representa un riesgo crítico, por lo que instó a acelerar la transición hacia fuentes de energía locales para reducir el impacto fiscal que presuntamente generaría un desbalance en los precios de los hidrocarburos a raíz de la guerra en Irán.
Por otro lado, la tensión institucional entre el Ejecutivo y la autoridad monetaria alcanzó un punto crítico tras el retiro del ministro de Hacienda de la última sesión de la junta directiva en señal de protesta. Mientras el Gobierno argumenta que el encarecimiento del crédito traslada el costo de la crisis global a los ciudadanos, el Banco de la República justifica sus acciones señalando que la inestabilidad en Irán ha elevado las expectativas de inflación a nivel mundial. A pesar de que gremios económicos han respaldado la autonomía del emisor para mantener la confianza de los inversionistas, el mandatario sostiene que se está intentando «detener la economía», por lo que ya se evalúan alternativas de financiamiento a través de la banca pública para compensar los altos costos del sector privado.
