La decisión del presidente Gustavo Petro de convocar por decreto una consulta popular, a pesar de que la iniciativa fue rechazada por el Senado, ha desatado una fuerte controversia en Colombia. Mientras siete partidos políticos han anunciado que demandarán la medida, calificándola de «golpe contra los poderes públicos», analistas y politólogos ofrecen diversas perspectivas sobre la legalidad y las implicaciones políticas de esta acción.

El profesor Ángel Tuirán Sarmiento, politólogo y experto en la región Caribe, trajo a colación un antecedente similar: el archivo y posterior validación judicial de las curules de paz. Recordó que, en aquel momento, la aprobación de las curules también fue negada en el Senado, pero tras demandas judiciales, los tribunales fallaron a favor de su existencia, alegando vicios en el procedimiento de votación.

Tuirán explicó que el Gobierno podría estar argumentando la «inexistencia» de la votación en el Senado, lo que, según su interpretación, lo facultaría para convocar la consulta por decreto. Sin embargo, para otros, si bien pudo haber una «nulidad» en el proceso, la votación sí existió, y el procedimiento constitucional y legal establecido sería demandar esa nulidad ante las cortes.

El politólogo advirtió que, si el Gobierno persiste en convocar la consulta por decreto, lo más probable es que dicho decreto sea demandado ante el Consejo de Estado, y este podría declararlo nulo.

Más allá del ámbito normativo, Tuirán analizó la situación desde una perspectiva política. Considera que la estrategia del presidente Petro es mantener una «cuerda tensa» y una constante «agitación» y «movilización». Esto, a su juicio, busca ejercer presión sobre el Congreso para el trámite de la reforma laboral y otras reformas en curso, al tiempo que mantiene sus bases movilizadas de cara a las consultas internas de fin de año y las elecciones a Congreso y Presidencia de 2026.

Respecto al futuro de la reforma laboral en el Congreso, que se encuentra a un debate de ser aprobada, el profesor Tuirán aclaró que la consulta popular no excluye el trámite legislativo. Aunque la reforma se apruebe, el Gobierno, al parecer, insistirá en la consulta si la versión final de la ley difiere de su propuesta original. La consulta, en este contexto, se ha convertido en una herramienta de movilización que el Gobierno considera eficaz.

El experto destacó que el debate de una reforma laboral que había sido archivada ya es una «victoria» para el Gobierno. Sin embargo, enfatizó que la decisión de convocar una consulta por decreto, desconociendo una decisión ya tomada por el Congreso, «corre riesgo el equilibrio de poderes, corre riesgo la separación de poderes, corre riesgo el sistema de frenos y contrapesos». Recordó que el propio presidente Petro ha sido favorecido por fallos judiciales en el pasado, lo que resalta la importancia de acudir a la justicia en estos casos.

En cuanto a la potestad deliberante del Congreso, Tuirán afirmó que el parlamento no la pierde, sino que las tensiones entre ramas del poder público son parte del equilibrio. Si el Congreso considera que el decreto de convocatoria a la consulta tiene vicios de nulidad, podrá interponer las acciones correspondientes.

Finalmente, sobre la posibilidad de que exalcaldes y exgobernadores presenten un candidato presidencial, Tuirán expresó que les ve «pocas posibilidades» de éxito a nivel nacional, ya que la trayectoria de éxito en alcaldías no se traduce automáticamente en apoyo presidencial, a menos que el candidato encarne un «voto de protesta o cambio».

[Escuche]