La Gobernación del Atlántico, a través de su secretario Jurídico, Rachid Náder, manifestó su sorpresa ante la falta de notificación oficial sobre una posible decisión de la empresa Air-e de suspender el cobro de la tasa de seguridad y convivencia ciudadana en el recibo de energía eléctrica.
Náder enfatizó que existe una ordenanza departamental que aprueba el Estatuto Tributario, la cual establece de manera clara la obligatoriedad de recaudar dicho tributo conjuntamente con la factura de energía. «Nosotros como autoridades administrativas lo que abogamos es por el cumplimiento de la Constitución, la ley y las ordenanzas de nuestro departamento», aseveró el secretario.
Según Náder, la Gobernación había sostenido mesas de trabajo con Air-e para la elaboración de un convenio interadministrativo que reglamentara aspectos no contemplados en el Estatuto Tributario. Por esta razón, la posible decisión de la empresa eléctrica resulta inesperada y contradictoria con el curso de las conversaciones.
El secretario Jurídico explicó la crucial importancia de la tasa de seguridad y convivencia ciudadana, ya que con estos recursos se financian proyectos fundamentales para el departamento en materia de seguridad, como la construcción y dotación de estaciones y comandos de policía, así como la creación de entornos seguros para la convivencia ciudadana. Náder advirtió que una suspensión del cobro pondría en riesgo los compromisos financieros adquiridos por la Gobernación, incluyendo vigencias futuras y créditos con entidades financieras, lo que podría derivar en una situación fiscal delicada para el departamento.
Detalló que con los recursos de la tasa se han realizado importantes inversiones, incluyendo transferencias al distrito de Barranquilla, la destinación de 300 000 millones de pesos para espacios seguros y la entrega de 200 000 millones de pesos a los municipios para el componente de policía departamental.
Recordó que el recaudo de este tributo el año pasado fue de aproximadamente 168 000 millones de pesos, y se esperaba una cifra de 174 000 millones para el presente año, recursos con los cuales se habían comprometido inversiones futuras aprobadas por la Asamblea Departamental.
Ante esta situación, la Gobernación del Atlántico anunció que solicitará formalmente a Air-e un pronunciamiento oficial sobre el tema. Con base en la respuesta, la administración departamental tomará las acciones legales pertinentes ante los jueces administrativos, siendo la acción de cumplimiento la vía judicial que se considera procedente para obligar a la empresa a cumplir con lo establecido en el Estatuto Tributario Departamental.
«Es nuestra obligación, si no lo hacemos, como empleados incurriríamos en omisión administrativa y en una falta disciplinaria no hacerla», concluyó el secretario Náder, reafirmando el compromiso de la Gobernación en la defensa del cumplimiento de las normativas departamentales.
«Sorprendidos por posible suspensión del cobro de la tasa de seguridad en facturas de Air-e»: @Rachidnader
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