La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada ha tomado una medida sin precedentes al ordenar la suspensión de las licencias de operación a cinco empresas de vigilancia y seguridad privada con oficinas principales en Barranquilla. La decisión se fundamenta en presuntos incumplimientos graves a la normatividad vigente y se deriva de una serie de operativos de control realizados por la Supervigilancia.

Las empresas afectadas por esta intervención son Maximus Seguridad Privada Ltda., Seguridad Privada Lost Prevention Ltda., Atenas Seguridad Privada Ltda., Blink Seguridad Privada Ltda. y Ol Security Group Ltda. Las medidas se adoptaron basándose en hallazgos preliminares y en el marco de las competencias legales de inspección, vigilancia y control de la entidad.

Las compañías intervenidas manejaban un volumen considerable de actividad operativa en el país, contando con un total de 696 hombres en servicio, 21 vehículos automotores y 483 armas (entre pistolas, revólveres y escopetas), desplegadas en departamentos de la Región Caribe como La Guajira, Magdalena, Bolívar, Atlántico y Sucre. Durante el procedimiento de intervención, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada solicitó al Departamento de Control de Comercio de Armas, Municiones y Explosivos (DCCAE) la custodia provisional del armamento asignado a las empresas, hasta la resolución definitiva de las medidas.

Las actuaciones revelaron hechos preliminares de gran relevancia que podrían comprometer la transparencia en la operación de estas empresas. Entre las irregularidades evidenciadas se encuentran:

• Presuntas fallas en los sistemas de custodia, trazabilidad y control del armamento, con posible utilización al servicio de estructuras y actores criminales.
• Posibles vínculos de socios de una de las empresas con estructuras delictivas, actualmente bajo investigación de las autoridades.
• Eventuales omisiones en los controles de selección de personal operativo, con la vinculación de un número significativo de trabajadores con investigaciones penales activas por delitos de alto impacto.
• Probables omisiones administrativas, operativas y contables, incluyendo una deuda acumulada desde 2013 con el Fondo de Vigilancia y la ausencia de presentación de estados financieros correspondientes al año 2019.

LaPolicía Metropolitana de Barranquilla, bajo la dirección del general Edwin Urrego, brindó acompañamiento en los procedimientos y ha dispuesto los espacios físicos necesarios para la custodia provisional del armamento, asegurando su seguridad, transparencia y trazabilidad.

Asimismo, por instrucciones del Procurador General de la Nación, Juan Gregorio Eljach Pacheco, funcionarios de la Procuraduría acompañaron las actuaciones, actuando como garantes del debido proceso, el respeto a las garantías procesales y la transparencia institucional durante el desarrollo de los procedimientos.