El Gobierno Nacional, a través del Viceministerio para el Diálogo Social y los Derechos Humanos, emitió un pronunciamiento oficial en el que subraya que, si bien la protesta es un derecho fundamental protegido por la Constitución, este debe ejercerse sin vulnerar las garantías de los demás ciudadanos. El organismo enfatizó que las manifestaciones deben mantener un carácter pacífico y no pueden obstaculizar servicios esenciales como la salud, el suministro de alimentos o la libre circulación de la población.

La entidad advirtió que conductas como la retención arbitraria de servidores públicos o civiles en el marco de las movilizaciones no forman parte del ejercicio legítimo de la protesta. Según el comunicado, estos actos constituyen vías de hecho punibles que desbordan la legalidad. El Viceministerio recordó que, bajo el Código Penal colombiano, la retención de personas puede acarrear penas de prisión que superan los 15 años, además de cuantiosas multas económicas.

Finalmente, el Gobierno instó a los funcionarios públicos a cumplir con su deber legal de denunciar cualquier falta disciplinaria o delito del que tengan conocimiento durante las jornadas de movilización. El Ejecutivo reiteró que su política se basa en la transformación pacífica de los conflictos y la instalación de mesas de concertación, pero advirtió que no se permitirá la impunidad ante actos que atenten contra la integridad física o la libertad de las personas como mecanismo de presión.