La realidad de la infancia en el departamento del Atlántico atraviesa su momento más crítico. Según los datos revelados en la Mesa de Infancia y Adolescencia, el impacto de la violencia y la instrumentalización de menores por bandas criminales ha logrado superar a causas de muerte tradicionalmente prioritarias, como la diarrea y las infecciones respiratorias. Mientras el sistema de salud ha avanzado en el control de patologías médicas, la criminalidad se ha desbordado, convirtiendo al entorno social en la principal amenaza para los niños y jóvenes de la región.
Las estadísticas presentadas por las autoridades son alarmantes: solo en los dos primeros meses de 2026, el departamento registró 13 muertes violentas de menores. A este panorama se suma que, a marzo del mismo año, 62 niños y adolescentes han sido recuperados de actividades ilícitas como el «campaneo» o el tráfico de estupefacientes. Lo más preocupante para los expertos es que el 95 % de los casos que ingresan al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes están vinculados directamente al consumo de sustancias psicoactivas, lo que evidencia una crisis de salud mental y social que precede al delito.
Ante esta emergencia, la doctora María Elena Menco, referente de Infancia de la Secretaría de Salud Departamental, señaló que la estrategia institucional ha dado un giro radical. Ya no se busca intervenir al individuo de manera aislada, sino a la familia como un sistema integral. La conclusión de las 20 instituciones que integran la mesa es que el fortalecimiento de las pautas de crianza, el manejo de la autoridad y el acompañamiento afectivo desde la gestación son las únicas herramientas capaces de frenar el reclutamiento silencioso que ejercen las estructuras multicrimen en los barrios.
El plan de choque incluye la implementación de programas como «Familias Fuertes», que busca capacitar a padres y jóvenes en la prevención del consumo y la construcción de proyectos de vida. Sin embargo, el desafío es monumental, pues se han detectado entornos familiares que, por necesidad o negligencia, permiten la vinculación de sus hijos a redes delictivas. Por ello, las autoridades han activado rutas de atención con el ICBF y la Secretaría del Interior para rescatar a los menores en riesgo, advirtiendo que, si no se recupera el núcleo familiar, la delincuencia seguirá cobrando más vidas que cualquier epidemia médica en el Atlántico.
