La comunidad de Puerto Colombia, en el departamento del Atlántico, se encuentra en alerta ante el inminente cobro de valorización por obras de infraestructura, un gravamen que, según denuncias, afectaría a más de 250.000 inmuebles en la jurisdicción, con un impacto inicial en más de 20.000 propiedades solo en Puerto Colombia. Alberto Mario Forero, líder del sector Villa Campestre, ha expresado su profunda preocupación por lo que considera un cobro «ilegal, inequitativo e injusto», y ha hecho un llamado a las autoridades locales y departamentales a pronunciarse al respecto.
Forero critica el silencio del alcalde de Puerto Colombia, Plinio Cedeño, y del gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, ante esta situación que, afirma, se suma a una ya pesada carga impositiva para los ciudadanos, incluyendo impuestos prediales, alumbrado público y otros gravámenes. Subraya que la defensa de los ciudadanos debe ser prioritaria, sin importar intereses económicos o políticos.
Irregularidades en el Cobro y Falta de Socialización
Según Forero, la implementación de este cobro de valorización se ha dado de manera arbitraria y con serias irregularidades. Señala que, a diferencia de prácticas anteriores, no hubo una socialización adecuada del gravamen para obras como la Avenida Circunvalar de la Prosperidad y la Avenida del Mar, a pesar de que estas vías ya están terminadas en su mayor parte. La ley actual permitiría el cobro de valorización hasta cinco años antes o después de la finalización de las obras, lo que Forero considera una modificación legal diseñada para este propósito.
Además, Forero cuestiona la base del cobro, que se proyecta sobre avaluaciones comerciales. Con más de 30 años de experiencia en el sector inmobiliario, el líder vecinal pone en duda la realización de 250.000 avalúos individuales, un proceso que requiere la visita a cada propiedad y un estudio económico detallado, y que, asegura, no se hace de la noche a la mañana. La Lonja, encargada de una evaluación general, no habría realizado los avalúos individualizados necesarios para establecer un valor comercial preciso de cada inmueble.
Impacto Económico y Social
La preocupación se intensifica al considerar el impacto económico en las familias, muchas de las cuales aún enfrentan las secuelas de la crisis económica pospandemia. El cobro de valorización se suma a los gastos mensuales, con tarifas que podrían significar que algunos predios paguen hasta tres veces el valor del impuesto predial, dependiendo de sus ingresos. El cobro afectaría a inmuebles de todos los estratos socioeconómicos (1 al 6), así como a propiedades institucionales y comerciales dentro del área de influencia.
Un punto especialmente alarmante para Forero es la situación de los proyectos de Vivienda de Interés Social (VIS), que representan más de 16.000 predios y también serán gravados con la valorización, a pesar de que sus propietarios ya tienen dificultades para cubrir sus impuestos prediales.
Forero alerta sobre las graves consecuencias de no pagar la valorización, recordando que en el pasado, esto ha llevado a embargos y remates de propiedades, lo que podría significar la pérdida de sus inmuebles para muchas familias.
Recursos y Falta de Transparencia
Respecto a los recursos generados por la valorización, que Forero estima en más de 2.4 billones de pesos (muy superior al billón mencionado por el gobierno), existe la preocupación de que no se inviertan en la región. El líder teme que, dada la situación financiera del gobierno central y los antecedentes de proyectos que no se han materializado en el Atlántico, como los Juegos Panamericanos o la Fórmula 1, estos fondos puedan ser desviados a otras regiones del país o incluso utilizados con fines políticos.
Finalmente, Forero insiste en la necesidad de que el alcalde de Puerto Colombia y el gobernador del Atlántico rompan su silencio y defiendan a los ciudadanos ante lo que considera un cobro oneroso e injusto.
